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Prostitución y salud

 Prostitución y salud Resulta interesante hacer notar que Nigeria y Brasil siempre figuran entre los más importantes países de origen de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, tanto en España como en el resto de Europa. Castiga a quien, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución. travesti en terrassa de esta manera la autodeterminación de las personas en la esfera sexual, cuando queda afectada de las formas y por los medios determinados en el tipo. Se especifica que aquel que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. En España, la prostitución no es legal ni ilegal, una situación que comparte con otros estados como Italia y Portugal. Se persigue el proxenetismo pero no al cliente aunque la Ley de Seguridad Ciudadana (2015) impone sanciones si la solicitud o aceptación de servicios sexuales se produce en las proximidades de lugares donde hay menores como colegios o parques infantiles. “No creo que la pornografía entre en ese tipo, pero es cierto que, por cómo está redactado, no se puede afirmar cuál es la verdadera intención de la propuesta. Una regulación muy genérica permite incluir cosas que no están precisadas, por lo que no sería imposible”, añade Pozuelo. Y en la misma línea se pronuncia Laura Pozuelo, profesora de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, quien en conversación con Newtral.es apunta que “ya se sanciona la explotación sexual y, sin embargo, se persigue poquísimo”. Una de las cuestiones que incorpora es, precisamente, la tercería locativa, es decir, el castigo penal a los propietarios de locales dedicados a la prostitución. Este artículo estaba contemplado en el proyecto de Ley de Libertad Sexual pero finalmente fue eliminado del texto legislativo después de su debate en la Comisión de Igualdad del Congreso, donde se discutía el dictamen de la ponencia. Suecia introdujo esta ley como parte de una iniciativa general para acabar con los obstáculos a la consecución de la igualdad de género en el país. Partiendo de lo dispuesto en el párrafo anterior, lo cierto es que sí que existe algún estudio que ofrece aproximaciones estadísticas sobre la situación de la prostitución en España, siendo los dos más relevantes de los que hemos podido hallar el informe “La prostitución como forma de violencia de género. La percepción de las mujeres en situación de prostitución”, elaborado por Médicos del Mundo en diciembre de 2020 con la colaboración económica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España y el informe “La prostitución desde la experiencia y la mirada de Cáritas”, elaborado por esta misma organización. Y, analizando los datos de atención de ambas organizaciones, se puede extraer una imagen global de la realidad del fenómeno. A diferencia de las otras, no ofrecen solamente servicios sexuales y sus prestaciones no son puntuales. La palabra griega denominar a una para prostituta es porne, derivada del verbo pernemi que significa vender. La palabra en español pornografía, y sus corolarios en otros idiomas, derivan directamente de la palabra griega porne. Parece que se está de acuerdo en el aspecto proteccionista que merece la mujer respecto de sus derechos, y en erradicar la trata y la explotación sexual hacia este colectivo. No obstante, no se dan propuestas concretas al respecto ni se plantea su abolición. Internet ha propiciado también nuevas formas de prostitución y ha permitido la existencia de foros donde los hombres que pagan por sexo comentan y puntúan a las mujeres prostituidas o el local donde ejercen. Cinco años antes que el CIS, el Intituto Nacional de Estadística preguntó en su Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales de 2003 del Instituto Nacional de Estadística sobre el consumo de prostitución. Entonces el consumo reciente -en los doce meses previos- lo fijó en el 6,7% y el acumulado a lo largo de la vida en el 27,3%. Sostiene que las causas fundamentales de la trata con fines de explotación sexual están directamente vinculadas al sistema social de la prostitución. También se afirma que los perpetradores gozan de una impunidad generalizada y que las mujeres son objeto de formas extremas de violencia. Por eso proponen desalentar la demanda sexual como forma de prostitución para desmantelar el sistema que utiliza a las mujeres en situación de vulnerabilidad. La prostitución es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero u otros beneficios económicos. Es ejercida mayoritariamente por mujeres, mientras que los clientes son mayoritariamente hombres. El Decreto 168 de 24 de enero de 1963 modificó el Código Penal según la Convención. Esta ley, conforme a la Convención, contemplaba a los trabajadores sexuales como víctimas de explotación sexual y defendía el castigo de sus explotadores más que a los propios trabajadores, rechazando distinguir entre trabajo sexual voluntario y coaccionado. Si abrimos el Código Penal o prácticamente cualquier otro texto legal oficial de España, nos encontraremos con que la prostitución no está contemplada. Existen referencias a ella, sí, pero no hay ningún artículo que diga que se trata de una actividad económica legítimamente legal, ni lo opuesto. En HOLANDA se ha optado por su legalización y por el contrario en SUECIA sólo se penaliza a los clientes y proxenetas, mientras que se apoya a las prostitutas, que son consideradas como víctimas. En los países en los que se ha legalizado la prostitución, la mayoría de las prostitutas no pueden o no quieren afiliarse a la Seguridad Social, bien por su condición de emigrantes ilegales o bien porque no desean pagar la cotización, quedándose, por tanto, en situaciones de mayor indefensión e ilegalidad frente al Estado y a las mafias. La prostitución callejera, la de menores de 23 años –la mayoría de edad femenina estaba establecida en 25– y la llamada “trata de blancas” estaban prohibidas. No había ningún problema en que las mujeres ejercieran en burdeles, de forma invisible, oculta y sometidas a controles policiales constantes. Así, se decidió que el lugar lícito para el ejercicio de la prostitución debía ser –como es habitual–, en los márgenes. Si la víctima es menor de dieciséis años, se le impondrá pena de prisión de cuatro a ocho años. La horquilla coincide con las cifras que en los últimos años han dado diferentes informes. En el CIS citado de 2008, el 4,6% de los hombres reconoció que había pagado por mantener relaciones sexuales en los 12 meses previos a la encuesta. Desde 1999, Suecia fue el primer el primer país del mundo en castigar por ley a los clientes de la prostitución, un modelo abolicionista que luego fue adoptado por Noruega, Irlanda, Francia e Islandia, y dentro del Reino Unido por Irlanda del Norte. La primera la venta por parte de los profesionales que puede ser legal, además de legal regulada por ley o ilegal. La segunda categoría se refiere a la compra, es decir a los clientes y la tercera a los terceros, es decir, los que se lucran como proxenetas o dueños de clubes de alterne. Muchos grupos religiosos y organizaciones activistas feministas consideran que la prostitución es un problema importante. Algunos movimientos feministas consideran que la prostitución perjudica y explota a las mujeres y refuerza las opiniones estereotipadas que reducen las mujeres a objetos sexuales. “Hay que abolir la prostitución porque es incompatible con los derechos humanos”, señaló la diputada socialista Laura Berja, portavoz de Igualdad. Berja realizó estas declaraciones después de registrar una proposición de ley sobre prostitución, de la mano del PSOE, que consiste en una reforma del Código Penal. El modelo prohibicionista tiene por objeto erradicar la prostitución en su totalidad por considerar que vulnera los derechos humanos al realizarse siempre en condiciones forzadas, bajo amenazas y coacción. Por ello, no se entiende que se pueda ejercer de forma libre y por propia elección, siendo un mal para la sociedad.

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