¿Es legal la prostitución en España? Qué dice la legislación al respecto en 2023 El tercer capítulo, que lleva por título La reglamentación bajo la monarquía de Isabel II. Del Bienio progresista a la Gloriosa, trata los aspectos de las reglamentaciones promulgadas en toda España entre 1854 y 1869. En primer lugar, las referidas a la ciudad de Madrid, entre 1854 y 1865, que se convertirán en el modelo mediante el cual se elaborarán los diferentes reglamentos promulgados en las provincias y ciudades españolas a partir de 1854, y en las que se introducirá el término higiene especial por primera vez a partir de 1865. En segundo lugar, Jean Louis Guereña tras elaborar el cuadro de los diferentes reglamentos publicados entre 1845 y 1867 en un total de trece ciudades españolas, analiza el precedente de la alcaldía de la ciudad de Cádiz, en la que, desde 1845, existía en sus Ordenanzas municipales un artículo referido a la prostitución. La primera reglamentación de la prostitución se produjo en la capital gaditana a partir de 1861 si bien, algunos años antes ya se había promulgado el primer reglamento de la provincia gaditana en la ciudad de Jerez en 1855, reglamentándose la prostitución en las ciudades de San Fernando y el Puerto de Santa María, a partir de 1864. Jean-Louis Guereña incorpora, además, interesantes referencias al imaginario de la prostitución y a la literatura clásica costumbrista y realista sobre dicho tema, adentrándose en el campo de la sociología y tomando como punto de partida el burdel tolerado en sus distintas variantes, un lugar que representa el compromiso estratégico entre familia y estado en el seno de una sociedad de vigilancia y disciplina social. De hecho, han existido múltiples reglamentaciones como la aprobación de la Ley de Profilaxis Pública de Enfermedades Evitables, que estipulaba que las mujeres que ejercieran esta profesión debían estar inscritas en un registro público y, al mismo tiempo, someterse a exámenes médicos periódicos para evitar la propagación de enfermedades venéreas entre la población. A pesar de esto, dado que los ayuntamientos sí que tienen competencias con respecto a la ordenación del territorio y a la regulación de las actividades económicas, pueden poner ciertos límites y barreras al ejercicio de la prostitución. Por ejemplo, pueden denegar las licencias a los locales de alterne donde se ejerza la prostitución (o actividades relacionadas con esta). Del mismo modo, se pueden delimitar áreas donde el ejercicio de la prostitución no estará permitido o se intentará reducir. Uno de los mayores ejemplos al respecto es la calle Montera en Madrid, donde durante décadas se ha ejercido la prostitución en la capital, pero en 2013 se planteó en el Ayuntamiento de Madrid la Ordenanza de Convivencia Ciudadana (que no fue aprobada) que contemplaba multas de hasta 750 euros a los clientes de la prostitución. En cambio, se implantaron medidas a partir de 2015 para sacar la prostitución de la calle Montera (instalación de cámaras de vigilancia con un objetivo disuasorio) o un mayor grado de limpieza. Pero la violencia de género que apenas disminuye, el enorme consumo de pornografía y prostitución desde edades cada vez más tempranas, la publicidad y actitudes sexistas que no vienen a cuento y hasta en los informativos.... Es imprescindible construir entre todos una sociedad más sana y justa, por nosotros y por nuestros hijos. España se ha convertido en una de las principales metas de quienes viajan en busca de sexo de pago. Está, y bastante arriba, en la lista de los 10 países más populares para el turismo sexual, junto a destinos clásicos como Tailandia, Brasil, Indonesia, Colombia, Camboya, Kenia, Filipinas, República Dominicana u Holanda. Y algunas incluso en la segunda, advierte Asunción Miura, representante de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres y de la Coalición internacional Contra el Tráfico de Mujeres. Como delito independiente, pero conectado con el anterior se recupera la llamada tercería locativa, el rol del empresario de la prostitución, que lleva casi 30 años despenalizada, desde la reforma del Código Penal de 1995. Entendemos que sin demanda no hay oferta, y queremos convencer a la gente de que detrás de cada una de estas mujeres, quizá, exista una víctima y una esclava sexual, expone el representante de la Policía. Según los datos de Médicos del Mundo, en 2022 se brindó atención a un total de 9.469 personas en situación de prostitución en España. Entre ellas, se identificaron 138 casos de presuntas víctimas de trata con fines de explotación sexual, aunque los expertos afirman que la cifra real es probablemente mucho mayor. La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró recientemente que España es el primer país europeo en consumo de prostitución. Del 23 de julio de este año es la Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC), la primera sección sindical de España, que agrupa a trabajadoras sexuales para reclamar sus derechos laborales. Hasta esa fecha se habían afiliado una decena de trabajadoras sexuales algunas de ellas procedentes de otras comunidades autónomas. Se adopta un sistema represor en el que se persigue a todas las partes involucradas y a las que les imponen sanciones judiciales, suprimiendo también los establecimientos dedicados a su ejercicio. Al ver a la prostituta como una delincuente, este modelo no ofrece alternativas a estas mujeres con respecto al ejercicio que realizan, sino que intenta eliminar su presencia en la sociedad, especialmente en las calles. Aunque no se conocen cifras absolutas del número de demandantes de prostitución, diversas encuestas indican que pueden ser entre el 4 y el 10% de los hombres, de entre 20 y 55 años. Según ha destacado la delegada del Gobierno, el foco está puesto en la protección y atención a las víctimas y también en la prevención. Una actividad a la que la reforma abolicionista que impulsa el PSOE, admitida hoy a trámite en el Congreso, podría poner freno. Este modelo distingue entre prostitución forzada y voluntaria, siendo esta última considerada un trabajo, con sus derechos y obligaciones laborales para todas las personas que se encuentren dentro de la industria. Se entiende por lo tanto, que contacto transexuales es un trabajo como cualquier otro. Las mujeres prostituidas pasan a ser trabajadoras sexuales y los proxenetas empresarios del sexo. Se legalizarían los clubes y los espacios públicos o privados designados para la práctica. Entendemos por violencia estructural aquella que es generada desde las estructuras y acciones políticas, sociales, económicas y culturales hacia personas o colectivos determinados, como resultado de instituciones situadas en la estructura social (Harper, 2022). Le siguen con entre el 35% y el 40% los varones de 55 a 64 años y entre un 30% y un 35% los comprendidos entre 45 y 54 años. La actividad se concentra principalmente en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, pero también en el área del Mediterráneo donde según datos de la Comunidad Valenciana al menos entre 4% y el 6% de los hombres la consumen. La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. El informe Ayudando a las víctimas de trata, elaborado en 2015 por la Universidad Pontificia de Comillas para la Delegación el Gobierno para la Violencia de Género, rebajaba a un 20% el número de hombres que alguna vez habían pagado por prostitución en sus vidas, pero los propios autores reconocían que la muestra era aletoria -no representativa como sí es la del CIS- y que la cifra podría ser mucho mayor. La falta de una ley estatal que regule el problema de prostitución, ha creado mucha disparidad que se refleja en las ordenanzas municipales implementadas por los ayuntamientos locales. Un hecho que también divide la opinión de expertos, mientras unos optan por la postura abolicionista, otros consideran que sería más lógico regularlo a nivel laboral. El Ayuntamiento de Valencia tiene desde 2013 una nueva ordenanza sobre prostitución que incide en sanciones a clientes y la prohibición de la publicidad y de la actividad.
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